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El CMI y el WJC claman equidad en distribución de vacunas contra Covid-19

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y el Congreso Judío Mundial (WJC) hacen un llamamiento a los líderes religiosos de todo el mundo para que se comprometan con las cuestiones éticas relacionadas con la distribución mundial de la vacuna COVID-19.

Ciudad del Vaticano

Según el Consejo Mundial de Iglesias y el Congreso Judío Mundial, los líderes y organizaciones religiosas tienen un papel y una responsabilidad fundamentales en los debates sobre políticas relevantes relativas a la distribución de la vacuna COVID-19, ya que son "fundamentalmente de naturaleza ética". En un documento conjunto publicado el 22 de diciembre, invitan a los líderes religiosos del mundo a reflexionar y participar en estas cuestiones.

El documento señala que las nuevas vacunas no ofrecen una solución inmediata o completa a la pandemia, ya que la necesidad y la demanda mundiales superarán la oferta a corto y medio plazo, lo que plantea importantes cuestiones éticas que deberían preocupar especialmente a los dirigentes y organizaciones religiosos.

Según ambas organizaciones, a nivel internacional "una preocupación fundamental" es la equidad mundial en la distribución de las vacunas disponibles, de modo que los países más pobres no queden excluidos del acceso a estos productos que salvan vidas.  El establecimiento de COVAX -una asociación entre la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización (GAVI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición de Innovaciones en la Preparación para las Epidemias (CEPI)- para abordar la cuestión es un paso importante hacia la solidaridad internacional. Sin embargo, al CMI y al CMJ les preocupa el "nacionalismo de las vacunas", por el que los países de ingresos más altos alcanzan niveles más altos de suministro de vacunas, dejando menos disponibles para una asignación mundial equitativa. Esta cuestión también ha sido planteada por el Papa Francisco.

En el plano nacional, los marcos para la asignación del número limitado de vacunas deben basarse en una elección clara y específica del objetivo u objetivos prioritarios más valorados en el contexto de cada país: poner fin a la pandemia lo antes posible; proteger a los más vulnerables; garantizar la protección de los trabajadores de la salud y que el sistema de salud pública no se vea desbordado; evitar daños generales y a largo plazo para la economía; la educación y las perspectivas de futuro de los jóvenes. Según el CMI y el CMJ es "de importancia crítica" que esta elección, su justificación moral y el proceso mediante el cual se hace la elección "se comuniquen públicamente y de forma transparente" y que "se apliquen de forma coherente y no discriminatoria".

Basándose en las enseñanzas bíblicas comunes de las tradiciones judía y cristiana sobre la dignidad dada por Dios a cada ser humano y el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el documento recuerda la atención sobre dos principios fundamentales que deberían guiar a los Estados en la decisión de sus prioridades. El primer principio es la equidad, por la cual los recursos disponibles deben asignarse sin discriminación por motivos de raza, etnia, color, género, orientación sexual, edad, afiliación religiosa, nacionalidad, condición social o capacidad de pago. El segundo principio es el derecho humano a la salud.

El CMI y el WJC también instan a los líderes religiosos de todas las religiones a "considerar la posibilidad de hacer frente públicamente a los rumores infundados y los mitos de conspiración, promovidos sin pruebas, que socavan la confianza del público en las autoridades y servicios de salud y en las propias vacunas probadas y aprobadas, y que, por tanto, amenazan una respuesta eficaz de salud pública a la pandemia". En algunos casos, esos mitos de conspiración tienen una base explícitamente antisemita que en cualquier caso debería denunciarse", se lee en el documento.

Por último, en lo que respecta a la controvertida cuestión de la obligatoriedad de la vacunación, o condición previa esencial para el acceso a determinados servicios públicos o instalaciones privadas, las dos organizaciones admiten que "en el actual contexto excepcional" de los esfuerzos por controlar la pandemia mundial, las consideraciones legítimas de salud pública "pueden justificar medidas que de otro modo se considerarían draconianas".

24 diciembre 2020, 16:32