Obispos australianos: avances significativos en la protección de menores contra los abusos

La respuesta de la Iglesia australiana a la protección de los menores contra el abuso presenta “progresos significativos”, según el informe presentado a la Oficina Nacional para la Seguridad del Niño que ilustra cómo las instituciones católicas australianas han respondido a las recomendaciones de la Royal Commission sobre la Protección de los Menores.

El documento – según una nota distribuida por los obispos – “se concentra en el período que va desde noviembre de 2018 a noviembre de 2019” y hace emerger “progresos constantes y significativos en varias áreas, entre las cuales la educación, la reforma de la governance y la respuesta a las víctimas y supervivientes de abuso sexual infantil”. “Claramente – explicó el Presidente de la ACBC (Australian Catholic Bishop Conference), el Arzobispo Mark Coleridge – cualquier institución que se comprometa con los jóvenes debe permanecer vigilante, trabajando para garantizar que existan protocolos y procedimientos fuertes y eficaces y creando, cuando surjan acusaciones, una cultura de acción tempestiva y decisiva”.

El presidente de CRA (Catholic Religious Australia) el padre Peter Carroll fms, destacó la importancia de los resultados obtenidos hasta ahora, recordando, sin embargo, que “hay en curso un trabajo crucial para desarrollar nuevas directrices nacionales, con el fin de reforzar y crear modelos de referencia precisos para responder a los casos de abusos tanto antiguos como recientes”. El trabajo sobre estas directrices, desarrolladas con la ayuda de los supervivientes, continuará en 2020. “Religiosos y obispos – continúa el Padre Carroll – están trabajando juntos para crear o mejorar los enfoques actuales sobre el tema del abuso. La manera en que protegemos a los que están bajo nuestro cuidado pastoral y cómo respondemos a las personas que han sido perjudicadas por la Iglesia, es fundamental para nuestro ministerio”.

Finalmente, la Abcb y la Cra reafirmaron el compromiso incondicional de la Iglesia de “mantener siempre al seguro, en el ambiente católico, a los niños y a las personas vulnerables”. Mientras tanto, casi todas las diócesis católicas y los principales institutos religiosos australianos se han unido al Programa nacional de reparación: los que se benefician de él pueden recibir una compensación de hasta 150 mil dólares australianos y recibir apoyo psicológico ilimitado. Cabe recordar que la Iglesia Católica Australiana fue la primera institución no gubernamental en adherirse a este Plan Nacional.

Además, las víctimas pueden contactar directamente con las instituciones, elegir el camino de la acción civil o acceder a un programa pastoral como el denominado “Hacia la sanación. Principios y procedimientos en respuesta a las denuncias de violencia”. Lanzado en 2000 por la Abcb y la Cra, el programa define los términos físicos y mentales de los actos de violencia sexual y de las personas involucradas, incluyendo los procedimientos procesuales necesarios. Todo ello con gran humanidad y empatía hacia las víctimas y con un profundo sentido de parresia y responsabilidad por parte de la Iglesia.

Cabe recordar que las recomendaciones de la Royal Commission, creada para dar una respuesta institucional al flagelo de los abusos sexuales contra menores en Australia, se publicaron en 2017 con el objetivo de reformar el sistema penal para proteger mejor a las víctimas de abusos. Tales Recomendaciones fueron el resultado de cuatro años de una amplia investigación que reveló aproximadamente 4.440 casos de abuso infantil cometidos entre 1980 y 2010, en los que estuvieron involucrados 1.880 sacerdotes.

La Iglesia Católica Australiana tomó en consideración el 98% de tales sugerencias, rechazando sólo una en su totalidad: la que pide la abolición de la obligación del “sigilo sacramental” y la presentación de la denuncia a las autoridades, en el caso de que un sacerdote se encontrase ante la admisión de abusos durante el sacramento de la Reconciliación. Sobre este punto, la Iglesia australiana reiteró su negativa, explicando que imponer la abolición del secreto religioso es “contrario” tanto a la fe católica como a la “libertad religiosa” reconocida por la legislación nacional.