Amnistía Internacional: Ante casos de tortura contra niños venezolanos

Ariana Pernía Paolini – Ciudad del Vaticano

Niños y adolescentes en Venezuela habrían sido sometidos a torturas y abusos tras su detención arbitraria, durante las manifestaciones poselectorales del 28 de julio, de acuerdo a Amnistía Internacional; al menos 69 menores continúan privados de libertad.

El reciente informe publicado por la organización el 28 de noviembre, señala que, en menos de un mes, las fuerzas armadas de la nación detuvieron a dos mil personas, entre quienes se contabilizaron 198 niños y niñas, de los cuales, “en septiembre, fueron excarcelados más de 100 y en noviembre alrededor de 25, aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo”.

Una madre abraza a su hijo al ser liberado de la cárcel, donde permaneció arrestado luego de participar en las protestas poselectorales.

A este respecto, Amnistía Internacional, que se define como un movimiento global, recabó, tras numerosas entrevistas a organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, información que da cuenta de “la detención arbitraria y aparente tortura de cinco niños y una niña, entre el 29 y 31 de julio, que dan cuenta de los patrones de violación sistemática de los derechos a la integridad y la libertad personal, a las garantías procesales y a un juicio justo, y a la especial protección de la infancia”.

Padecimientos tras las rejas

Luego de conversar con diversas fuentes cercanas a las víctimas u organizaciones a favor de la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, el movimiento internacional logró recoger información sobre los casos de aparente tortura de cinco niños y una niña.

Para la organización, la magnitud de las detenciones resulta “inédita”, dado que responde a una masividad de 198 menores de edad donde, algunos de ellos, han sido imputados “por cargos de terrorismo”.

En cuanto a los testimonios, el informe destaca casos de tres niños de 16 y 17 años que “habrían sido sometidos a tortura a través de golpizas con puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o sexuales, con la intención de forzarles una confesión”; algunos de los métodos utilizados para infligir sufrimiento físico y mental a los menores incluía, según lo documentado por la organización, golpes con bates de beisbol en la espalda y el torso, patadas en el cuerpo, choques eléctricos, asfixia con gas pimienta y más.

Además de esto, Amnistía Internacional relata las denuncias sobre las condiciones insalubres del encarcelamiento de los jóvenes y recopila en el escrito el testimonio de un niño de 16 años que tuvo sarna a causa de la situación de su celda, donde “caían orines del piso de arriba y debido al hacinamiento no podían tumbarse para dormir […]  dormían esposados y atados con cinta, sobre piedras y escombro, y con población adulta”.

¿Posible persecución política?

“La evidencia recabada durante esta década por la organización ha dado cuenta de que las violaciones de derechos humanos en este país ocurren como parte de una política de carácter generalizado y sistemático y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, atestigua el movimiento en el escrito, a la vez en que asegura que, desde el año 2014, “ha documentado “la implementación de una política de represión por parte del gobierno”.

En tal sentido, Amnistía Internacional declara en su informe que luego del anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se llevaron a cabo movilizaciones en señal de protesta.

Para el 4 de agosto, el mandatario Nicolás Maduro, notificó sobre la detención de dos mil personas, entre los cuales se contaba la presencia de niños y adolescentes; “la organización de sociedad civil Foro Penal logró confirmar la detención de casi 1.600 personas durante los primeros 30 días siguientes a las elecciones, de las cuales al menos 114 eran niños y niñas”, especifica el texto.

“Al momento del cierre de esta declaración pública, al menos 69 niñas y niños permanecen detenidos de manera arbitraria y enfrentando cargos criminales infundados”, enfatiza la organización, a la vez en que exige la liberación inmediata de los privados de libertad y solicita que estos casos sean sumados a la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.