El Salvador. Asesinato de jesuitas. La justicia llega 30 años después

Manuel Cubías - Ciudad del Vaticano

La guerrilla del FMLN y las Fuerzas Armadas de El Salvador cometieron delitos de lesa humanidad, dejando una estela de víctimas, casos a los que por años se les ha negado la aplicación de la justicia. Entre estos, la masacre de los jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989, en donde elementos del batallón Atlacatl, por órdenes del alto mando militar llevaron a cabo los asesinatos. Este hecho marcaría, en el país centroamericano, el comienzo del fin de la guerra civil que duró doce años. Entrevista con Martha Doggett, por muchos años oficial de las Naciones Unidas y escritora de artículos y libros, entre ellos, The Jesuit Murders in El Salvador (Gergetown University Press, 1993) y Una muerte anunciada en El Salvador. El asesinato de los jesuitas (Co-autora con Pedro Armada, PPC editorial, 1995).

El crimen

“Fui por primera vez a El Salvador en el año 1985”, afirma Martha Dogget. Desde entonces comenzó a darle seguimiento sobre todo a la situación del respeto de los derechos humanos. “Preparé un informe sobre un proyecto del gobierno estadounidense para mejorar el sistema jurídico de El Salvador. Fruto de este proyecto fue la creación de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, que más tarde jugó un papel importante en el caso de los jesuitas”.

“En noviembre de 1989 fui a El Salvador, después de varias semanas de trabajo en Guatemala”. Recuerda que sus colegas le advirtieron sobre la posibilidad de la ofensiva de la guerrilla. La mañana del día 16 de noviembre, mientras estaba en el Hotel Camino Real, “una amiga vino a avisarme que habían matado a Ellacuría y a otros sacerdotes. Yo le dije: -imposible. ¿Quién es la fuente? Pregunté.

Ella me respondió: -El padre provincial, Tojeira”.

“Al día siguiente fui al lugar de los hechos y luego participé en el funeral”. Este hecho, así como el conjunto de la guerra civil, que costó la vida a aproximadamente 80 mil personas, en su mayoría civiles, impactó a Martha Doggett: “Vi en los asesinatos la oportunidad para colaborar con los esfuerzos por parar todo el sistema que dio lugar al crimen. Quería “aprovechar” los asesinatos para producir algo positivo”.

El sistema que dio lugar al crimen

Los Estados Unidos han marcado durante muchas décadas el ritmo de las relaciones políticas, económicas y sociales con los países de América Latina. La sociedad salvadoreña se ha caracterizado por la desigualdad en la repartición de los ingresos económicos y por relaciones, marcadas por el autoritarismo y la impunidad, entre el Estado y sus ciudadanos.

En este contexto, Doggett afirma: “Los Estados Unidos estaba auspiciando y financiando la guerra. Pero su influencia tenía sus límites. El ejército salvadoreño era experto en esconder lo que no quería compartir con los ‘gringos’ y entendieron que los ‘gringos’ preferían no saber algunas cosas”. Además, añade, el Congreso estadounidense había puesto ciertas limitaciones a su gobierno; había interés por parte de los demócratas “por hacer algo positivo para mejorar el estado de derecho”, a esto añade, “la presión de las ONGs y la sociedad civil tenían un rol grande, también”.

Martha Doggett espera que la condena del coronel Montano tenga repercusiones en El Salvador, particularmente en lo que tiene que ver con “el compromiso con la justicia, con el compromiso con la verdad y la importancia de los derechos humanos en la sociedad”. Y subraya: “es importante que se conozca toda la historia de lo que pasó (…) Hay sistemas, organizaciones e instituciones que produjeron estos crímenes y que ayudaron a encubrir la verdad” y que todavía están vigentes, por ello insiste: “Hay que estudiar las condiciones que apoyaron estos crímenes y que ayudaron a encubrir la verdad, para evitar una repetición”.

Desvelar las estrategias de encubrimiento

La guerra civil en El Salvador duró una docena de años, tiempo en el que el ejército y la guerrilla del FMLN cometieron numerosos crímenes, muchos de ellos documentados en el Informe “De la Locura a la Esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”.

El informe muestra que después del asesinato se intentó encubrir la verdad: “Los soldados dispararon con una ametralladora contra la fachada de la residencia y lanzaron cohetes y granadas. Antes de retirarse escribieron en un cartón: “El FMLN hizo un ajusticiamiento a los orejas contrarios. Vencer o morir, FMLN” (página 45). El ejército salvadoreño ha negado de forma reiterada su participación en este y otros crímenes. La ley de amnistía decretada el 22 de marzo de 1993, fue otro paso más en la estrategia de ocultamiento de la realidad. Fue derogada por la Sala de lo Constitucional en 2016. Sin embargo, este paso no ha producido los procesos judiciales necesarios para la aplicación de la justicia en el país centroamericano. Aún sigue en la impunidad el caso de la muerte de San Óscar Romero.

La extradición del coronel Montano

Al referirse a este tema en particular, Martha Doggett comenzó reconociendo que actualmente “Centro América no tiene el rol que tenía en años anteriores” y que ahora ocupa Venezuela o Cuba. En relación a la extradición de Montano, considera que “no tiene un precio político” aunque la decisión de extraditarlo si tiene “un aspecto político (…) pero no hubo razones contundentes para negar el pedido de España”.  Además, añade, bajo la presidencia de Donald Trump, “Estados Unidos está exageradamente orientado hacia adentro y la crisis del Covid-19 ha hecho que se centren en temas nacionales, ignorando en gran medida al resto del mundo”.

La justicia en El Salvador. Repercusiones de la condena de Montano

En El Salvador no se ha hecho justicia en numerosos casos, lo que “muestra a la población las debilidades del sistema y las limitaciones de la justicia. Cuando un coronel miente a un juez civil, o toda una institución como el ejército decide no colaborar con la justicia, hay muy poco que se pueda hacer”. Doggett insiste en no perder de vista la totalidad. El caso de los jesuitas asesinados es uno, pero lo importante es “conocer toda la verdad” de las violaciones a los derechos humanos sucedidas y que “todavía ocurren hoy en día”. En el contexto de la pandemia, la mirada en Estados Unidos no está puesta en el respeto a la vida, sino en las elecciones que se avecinan, subraya.

El asesinato de los jesuitas, afirma Doggett es “una historia que poseemos juntos, el pueblo salvadoreño y el estadounidense. Y los procesos de esclarecimiento y comprensión de lo sucedido tienen sus propios ritmos y calendarios. Hay que tener fe en que recordar lo que pasó en noviembre de 1989 en la UCA emergerá de vez en cuando y espero que seamos capaces de aprender las lecciones de la historia”.