Protesta contra la nueva ley antiterrorista en Filipinas. Protesta contra la nueva ley antiterrorista en Filipinas. 

Filipinas: Ley antiterrorista. Las órdenes religiosas apoyan la apelación a la Corte Suprema

No se detiene en Filipinas la batalla en torno a la controvertida ley antiterrorista firmada el 3 de julio por el Presidente Rodrigo Duterte. Varios abogados, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil han apelado al Tribunal Supremo para pedir la anulación de la ley que otorga mayores poderes al Ejecutivo y a la policía en detrimento de las libertades de los ciudadanos. Una iniciativa apoyada por la Asociación de Superiores Mayores del país (Amrsp), que en las últimas semanas ya había expresado su fuerte oposición y preocupación por la reforma, considerada también antidemocrática por las Iglesias filipinas.

Lisa Zengarini  – Ciudad del Vaticano

En una nueva declaración publicada en los últimos días - informa la agencia de la Conferencia Episcopal Cbcpnews - Amrsp hace un llamamiento urgente a los miembros de la Corte Suprema para aceptar la apelación. "Confiamos en que las mujeres y los hombres del más alto tribunal del país se guíen por el bien común de todos y por la Constitución de Filipinas. Les imploramos que, a medida que estas nubes oscuras se espesan, hagan brillar la luz del estado de derecho y, en última instancia, de la justicia", se lee en la declaración, que también pide a los fieles que permanezcan "al lado de los pobres y oprimidos". "La verdad, la justicia y la paz prevalecerán", afirman los superiores religiosos filipinos.

Entre los puntos más controvertidos de la nueva ley figuran, en particular, la definición vaga y amplia de terrorismo, que podría utilizarse para atacar la disidencia y pisotear los derechos humanos y las libertades civiles; la posibilidad de detener a los ciudadanos sin una orden judicial por orden de un nuevo órgano, el "Consejo de Lucha contra el Terrorismo"; el debilitamiento de la separación de poderes; la ampliación de la vigilancia de los ciudadanos y la supresión de la indemnización para los detenidos por cargos falsos, con el consiguiente aumento del riesgo de abuso por parte de las fuerzas policiales.

Por ello, la reforma también preocupa a los religiosos y religiosas filipinos: "A la luz de la fe, no podemos aceptar en conciencia una ley que pueda atentar contra la dignidad y los derechos humanos", dice la declaración. "En un momento en que nuestro pueblo lucha contra los efectos del Covid-19, no vemos ninguna razón para adoptar una ley que no sirva para aliviar su miserable condición. Según Amrsp, "el desempleo, el cierre de empresas, la propagación del virus y la falta de ayuda al pueblo filipino son las preocupaciones más urgentes del país en este momento".

Las palabras de Monseñor Crispín Várquez, obispo de Borongan, quien, durante la misa crismal celebrada sólo hoy a causa de la pandemia, ha recordado la firme oposición de la Iglesia a la reforma e ha instado a "permanecer vigilantes" ante posibles abusos en su aplicación. "Debemos salvaguardar los derechos humanos fundamentales de nuestro pueblo, porque cualquier forma de violación sería contraria a la ley de Dios sobre el amor al prójimo", instó al prelado, subrayando que la Iglesia está llamada a desempeñar un papel profético, aunque esto "es un gran desafío".  

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09 julio 2020, 14:57