Caritas Colombia: "Garantizar la seguridad y las medidas restrictivas en cárceles"

Davide Dionisi-Ciudad del Vaticano

La Secretaría Nacional de Pastoral Social-Caritas Colombia expresó su profunda preocupación, ante una situación que cada vez parece empeorar más, sobre todo por las repercusiones que el aumento de casos podría tener en el sistema interno de salud. Recordando la solidaridad de todos con las personas privadas de libertad, sus familias, el personal administrativo y los guardias, el órgano de la Conferencia Episcopal recordó "la urgente necesidad de hacer frente a la crisis humanitaria en las cárceles con medidas que respeten la dignidad humana y protejan la salud de los reclusos".

En un comunicado también se pidió una acción inmediata para "humanizar las instituciones", lo que significa crear las condiciones óptimas para la estancia no sólo de los huéspedes sino también del personal que trabaja allí. "Garantizar, en primer lugar, las medidas de seguridad y prevención".

También se pide un programa de redistribución de la población carcelaria, combinado con una aceleración de los procesos, para superar el hacinamiento. Además, la Secretaría considera que la protección de las mujeres restringidas es esencial. "Pensamos sobre todo en las madres con hijos menores de tres años, en las madres enfermas y en las ancianas, que son aún más vulnerables en este momento". En el documento también se señala a la atención de los funcionarios de los servicios de represión y de la policía penitenciaria que, en las instituciones con más contagios, corren los mayores riesgos.

Tras la propagación de Covid, se han producido numerosas protestas de los presos en 13 centros de detención. Los incidentes más graves en Bogotá, en los centros de detención de hombres, La Picota y La Modelo, y en el centro de detención de mujeres El Buen Pastor. La revuelta que estalló en la prisión La Modelo, en la capital, fue sofocada por el ejército y la policía penitenciaria, con al menos 23 prisioneros muertos. Tras los enfrentamientos, el pasado 15 de abril, el presidente Iván Duque firmó un decreto que permitía la liberación durante seis meses de al menos 4.000 prisioneros.