Amnistía Internacional: derechos e independencia judicial bajo ataque en Europa

Francesca Sabatinelli - Ciudad del Vaticano

Represión de las protestas de los pueblos, por un lado, erosión de la independencia de la magistratura por el otro. Son las dos caras de la misma moneda que Amnistía Internacional señala con respecto a muchos países europeos como Polonia, Hungría, Rumania o Turquía, donde los jueces, que defienden la independencia del poder judicial, han sufrido ataques de los gobiernos determinados a no tener que rendir cuentas de sus actos.

Intensificada la represión de las manifestaciones populares

La organización elogia a las personas valientes que salieron a la calle en el 2019 en Europa y Asia Central para "defender sus derechos y los de otras personas", aunque advierte que los gobiernos siguen cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad en toda la región.

Parece - comenta el portavoz de Amnesty Italia, Riccardo Noury, a Vatican News - "que el común denominador es el temor de los gobiernos a ser controlados a través de mecanismos judiciales independientes y a ser controlados por la opinión pública a través de protestas y manifestaciones masivas. Lo que vimos en 2019 en Polonia, Hungría, Rusia y Turquía fue un crescendo de estos ataques". En todos los modos, es la grave acusación de la organización, se pretendía reprimir el control que el pueblo trató de ejercer, y en 2019 en muchos países se impusieron "restricciones a las manifestaciones". "La lista - continúa Noury - es numerosa. Un ejemplo son Rusia y Turquía, donde las protestas se referían al autoritarismo de la gestión del poder. Un capítulo aparte merece Francia, que ha tenido continuas manifestaciones masivas contra las reformas y contra las políticas de austeridad, manifestaciones que en algunos casos han tenido rasgos violentos, pero que han encontrado una respuesta de las fuerzas policiales ciertamente desproporcionada".

Acogida y solidaridad, palabras siempre bajo acusación

La gran preocupación de Amnistía Internacional es la criminalización de la solidaridad que se está extendiendo en Europa. "Se trata de una acción doble -dice Noury- en el plano político, a través de reglamentaciones que hacen difícil, si no imposible, llevar a cabo la búsqueda y el rescate en el mar por parte de las ONG, y en el plano judicial, a través de procedimientos contra quienes muestran concretamente solidaridad.  Ejemplos de ello son Suiza, Italia, Francia, porque "en general es precisamente la idea de tener en el vocabulario palabras como acogida, rescate y solidaridad lo que se cuestiona cada vez más en Europa".

Las políticas migratorias apuntan sólo a la protección de las fronteras

Un capítulo constante de las denuncias de la organización son las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la migración. Los Estados europeos siguen sin responder de las consecuencias de las políticas de migración que dan prioridad a la protección de las fronteras en lugar de las vidas humanas. Esto incluye la colaboración con Libia, país en el que están detenidas miles de personas. "Es una política -específica Noury- que no muestra signos de discontinuidad, tanto es así que a principios de noviembre el acuerdo entre Italia y Libia fue renovado por otros tres años". De la misma manera, los resultados del acuerdo UE-Turquía de 2016 siguen siendo "nefastos y lamentables desde el punto de vista de los derechos humanos". Ankara, añade Noury, en 2019 continuó "su represión contra periodistas y defensores de los derechos humanos y fue protagonista de la repatriación forzosa de miles de refugiados sirios incluso aun antes de que comenzara la ofensiva militar en Siria, con la motivación oficial que debería haber creado el lugar a donde repatriar a los sirios dentro de su país".

La defensa de los derechos fundamentales en la era del Covid-19

La sociedad civil, los periodistas, todos aquellos que han pedido a los gobiernos que rindan cuentas de sus actos han sido objeto de presiones, sin embargo, seguir haciéndolo "será aún más fundamental durante la crisis del Covid-19 y en el periodo sucesivo a ella". Es en estas semanas que se delineará el mundo post-coronavirus y Amnistía Internacional teme lo que podrá surgir de él. "Con toda probabilidad -concluye Noury- los derechos como el derecho al trabajo, pero también el derecho a la privacidad, serán objeto de ataque, además del riesgo de eclipsar actividades fundamentales como el rescate, la defensa de los más débiles y de los grupos más vulnerables. Se espera que "como el Covid-19 ha afectado a cientos de miles de personas en Europa, estas personas saldrán a las calles en los próximos meses y años para reclamar justicia, sabiendo que en su piel se ha llevado a cabo una masacre de derechos en el curso de esta pandemia".