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Violencia en Chile Violencia en Chile  (AFP or licensors)

Violencia en Chile: Obispos reconocen profundo malestar social

Luego de tres días de movilizaciones masivas y actos vandálicos que han paralizado y causado destrucción en diversas ciudades del país, la Iglesia llama a asumir responsabilidades y buscar soluciones con la participación ciudadana.

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Han sido tres días de violencia inusitada, pero son solo el corolario de décadas de un sistema socioeconómico que colapsó en Chile el pasado viernes 18 de octubre. A las manifestaciones colectivas de los últimos años reivindicando mejoras de salud, trabajo, pensiones, educación, vivienda y transporte, siguió durante la última semana una acción de insurrección masiva para evadir el pago del billete del metro (tren urbano) que había sido reajustado. Esa fue la chispa que terminó por encender los ánimos e hizo estallar hordas de violencia en distintos sectores de Santiago, la moderna capital del país, pero también una de las urbes con mayor segregación e inequidad social de Latinoamérica.

La primera jornada dejó más de 14 estaciones del metro destruidas, además de edificios, locales comerciales e instalaciones públicas incendiadas, producto de grupos vandálicos que, reivindicando la lucha por la justicia, arrasaron principalmente con infraestructura útil para los más desfavorecidos.

Estado de emergencia

La reacción del gobierno tardó en llegar, y mientras aumentaba el desbande en las principales calles, en las redes sociales arreciaban las críticas al liderazgo político tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Congreso de la Nación. Así, en pocas horas los actos de violencia se multiplicaron por distintas ciudades del país, a la par de cientos de movilizaciones sociales espontáneas en los distintos barrios. Por medio de manifestaciones pacíficas llamadas “cacerolazos”, durante los que las personas hacen sonar las ollas o cacerolas de la comida, se evidenció que, sin justificar la violencia, la sociedad chilena está cansada de la inequidad que ha impedido que el renombrado desarrollo económico del país no se traduzca en mejores condiciones de vida para los ciudadanos. En especial para quienes viven en las periferias territoriales y existenciales.

Con el fin de restablecer la seguridad y el orden social, el Presidente de la Nación, Sebastián Piñera, decretó el viernes Estado de Emergencia para algunas ciudades. Y aunque la medida fue aplaudida por quienes exigen mano dura en contra de la delincuencia de las últimas horas, revelada en incontrolables saqueos de supermercados, bancos y reparticiones públicas, para otros esta decisión fue como apagar el fuego con gasolina. Y es que se trata de una sociedad que aun no se repone de los duros años de represión durante la dictadura que culminó en 1990.

La voz de los obispos

Horas antes del primer toque de queda decretado por el gobierno, que limitó la circulación pública la noche del sábado, los obispos de Chile emitieron una declaración. En ella calificaron los recientes acontecimientos como dolorosos y traumáticos, y reconocieron que “son parte de un proceso que venimos experimentado durante décadas y que tiene consecuencias profundamente humanas que no podemos ignorar”. Por eso, junto con condenar enérgicamente la violencia, hicieron un llamado a aunar las voluntades de autoridades y dirigentes sociales para comprender el complejo escenario y buscar soluciones. Eso sí, hacen hincapié, en que debe ser con la participación de la mayoría de la ciudadanía.

Los pastores de la Iglesia Católica de Chile, hablando también en primera persona, afirmaron que quienes ejercen liderazgos en el país deben “comprender el profundo malestar de personas y familias que se ven afectadas por injustas desigualdades, por decisiones arbitrarias que les afectan en su vida diaria y por prácticas cotidianas que consideran abusivas, porque lesionan especialmente a los grupos más vulnerables”.

Horas antes, el administrador apostólico de Santiago, monseñor Celestino Aós, ofmCAP, había difundido un por las redes sociales un video expresando que “la paz de Chile es tarea y responsabilidad de cada uno de nosotros. Una paz que se fundamenta en la verdad, el respeto y la justicia. La violencia debilita y mata la paz. Por eso estamos tristes, estamos dolidos, al constatar los efectos de la violencia de estos días”.

La última acción comunicada por el gobierno fue echar pie atrás en el reajuste de la tarifa del metro. Mientras tanto, las clases en escuelas y universidades están suspendidas, los servicios de transporte apenas funcionan y los toques de queda se extienden hacia más ciudades, bajo un modelo de presencia militar y policial que apenas disuade a los violentistas de sus actos vandálicos, y a los ciudadanos de sus justas manifestaciones públicas. 

A continuación, el texto integral de la declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile.

Cuidar la convivencia: la paz es fruto de la justicia

1. Los acontecimientos vividos este viernes 18 de octubre del presente año en Santiago son de la mayor gravedad y motivo de gran preocupación, tanto por sus causas como por su desarrollo y sus efectos. Entendemos que son parte de un proceso que venimos experimentado durante décadas y que tiene consecuencias profundamente humanas que no podemos ignorar. Aunque es compleja su adecuada comprensión y la búsqueda de verdaderas soluciones, es deber de todos realizar un esfuerzo mancomunado –especialmente autoridades y dirigentes sociales– para descubrir esas causas y recorrer los caminos de solución, los que no se darán sin la participación de la mayoría.

2. Estos hechos dolorosos y traumáticos son una imperiosa llamada para continuar creando una cultura del encuentro y la comprensión, capaz de escuchar y empatizar con los sufrimientos y malestares cotidianos de la sociedad chilena en materias laborales, de salud, seguridad ciudadana, educación, vivienda, pensiones, situación de pobreza, y los desafíos humanitarios de la inmigración, entre otros.

La primera obligación de todos los que ejercemos algún tipo de liderazgo en el país es comprender el profundo malestar de personas y familias que se ven afectadas por injustas desigualdades, por decisiones arbitrarias que les afectan en su vida diaria y por prácticas cotidianas que consideran abusivas, porque lesionan especialmente a los grupos más vulnerables.

3. Condenamos decididamente la violencia que se ha dado en la capital del país con agresiones a personas, destrucción de bienes, saqueo de locales comerciales y la privación a cientos de miles de compatriotas de un servicio de transporte que es la base del funcionamiento de la ciudad. Pero para que esta condena sea efectiva tenemos que hacernos cargo de entender las raíces de esa violencia y trabajar con urgencia para prevenirla, detenerla y generar formas pacíficas de hacerse cargo de los conflictos. Es necesario un nuevo esfuerzo en este sentido porque "tomar en serio la política en sus diversos niveles -local, regional, nacional y mundial- es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad" (San Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 14 mayo 1971, n.º 46).

4. La función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un bienestar digno y fundado en la justicia y la paz. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de caridad. Todos tenemos responsabilidad en generar una convivencia ciudadana y una amistad cívica que evite la violencia física y verbal, pero están más obligados a ella quienes han recibido la responsabilidad de conducir la sociedad. Es urgente la participación de todos, a través de canales legítimos para procesar participativamente las demandas sociales, la búsqueda de una vida digna y un bienestar integral, poniendo a las personas en el centro de la vida del país.

5. Es hora de pasar de la preocupación a la acción y a la validación y creación de escenarios que nos permitan entender los cambios que ha experimentado la sociedad chilena, de manera que las instituciones puedan estar al servicio del bien común, desde las complejas y nuevas realidades que caracterizan a la sociedad de hoy. Es hora de mirar con verdad, a rostro descubierto, nuestras riquezas y éxitos, y nuestros conflictos y fracasos. Las autoridades, los partidos políticos, la sociedad civil y sus organizaciones, las universidades e intelectuales, la propia gente organizada tenemos que dialogar sobre el país que queremos, para embarcarnos en la construcción de una sociedad que todos sintamos como propia y que todos nos comprometamos a cuidar como nuestro más preciado bien común.

6. Basado en la amistad cívica, Chile necesita un diálogo social centrado en las personas, en sus modos de convivir y habitar la casa de todos, y una amistad cívica fundada en el bien común, esto es, en instancias donde los actores políticos, sociales y económicos puedan prescindir de sus intereses particulares para trabajar por proyectos consensuados en que la mayoría nos reconozcamos. Cada compatriota tiene un aporte que hacer y las autoridades, desde sus diversos ámbitos de responsabilidad, deben saber escuchar la voz de su pueblo. En el corazón de este nuevo esfuerzo hay una enseñanza de Jesús que sintetiza este nuevo estilo que hoy se nos exige: "Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos" (Mc 9,35).

7. Pedimos a todas nuestras comunidades y a las personas de buena voluntad, orar por la paz social y la amistad cívica en nuestro país y que el buen Dios nos ayude a abrir nuestra inteligencia y nuestra voluntad en la búsqueda de nuevos caminos de entendimiento y comprensión mutua.

EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

+ Santiago Silva Retamales, Obispo Castrense de Chile, Presidente

+ René Rebolledo Salinas, Arzobispo de La Serena, Vicepresidente

+ Celestino Aós Braco, Administrador Apostólico de Santiago

+ Juan Ignacio González Errázuriz, Obispo de San Bernardo

+Fernando Ramos Pérez, Administrador Apostólico de Rancagua, Secretario General

Sábado 19 de octubre de 2019

20 octubre 2019, 16:23