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Ecuador. Manos Unidas ayuda 150 comunidades afectadas por un derrame de petróleo

El pasado 7 de abril tuvo lugar un deslizamiento de tierra en los límites de las provincias de Sucumbíos y Napo que provocó la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), lo que produjo un derrame de petróleo en el río Coca que, posteriormente, alcanzó el río Napo y atravesó la frontera con Perú, afectando también a comunidades indígenas peruanas.

Manos Unidas, ONG de la Iglesia Católica Española, que trabaja junto al Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), se suma – se lee en su página web - a la declaración de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) que denuncia "la irresponsabilidad de las empresas OCP Ecuador S.A., E.P. Petroecuador y CELEC EP por no tomar precauciones, por falta de prevención e información clara y oportuna sobre la rotura de dos gasoductos, ocurrida el 7 de abril en la provincia ecuatoriana de Orellana.

La ruptura produjo un derrame de petróleo en el río Coca que, posteriormente, alcanzó el río Napo y atravesó la frontera con Perú, afectando también a comunidades indígenas peruanas. Se estima que unas 97.000 personas se vieron afectadas por la contaminación de los lechos y las orillas de los ríos.

“Estas comunidades se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad a causa del derrame y de la pandemia actual”, afirma la hermana Digna Erazo, misionera laurita y coordinadora de REPAM Ecuador. “Además de no poder acceder a agua segura para beber, cocinar, pescar y asearse –en un momento en el que el lavado de manos es la primera barrera de protección–, los pobladores se ven obligados a salir en busca de agua y alimentos a otras poblaciones, lo que les expone a una mayor probabilidad de contagio en una región donde ya hay casos de coronavirus y donde hay escasos centros de salud y muy distantes”.

El desastre ocurrió cerca de las Cataratas de San Rafael y fue revelado por videos publicados en las redes sociales por las comunidades que viven a lo largo de los ríos, alarmadas por las mareas negras que avanzan en las aguas que bañan sus pueblos.

Manos Unidas critica el hecho de que las empresas hayan ignorado las advertencias sobre la desaparición del Salto de San Rafael el pasado mes de febrero, así como los impactos ambientales del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair en el cauce del río Coca y los reiterados derrames de petróleo en la zona, y pide a las autoridades que adopten medidas inmediatas para proporcionar agua y alimentos a las comunidades afectadas.

Según Luis Yanza, fundador del FDA –organización con la que Manos Unidas trabaja para garantizar el acceso al agua potable en zonas de contaminación­–, la pandemia obstaculiza también una valoración minuciosa de la gravedad de lo ocurrido: “Sabemos que las comunidades afrontan un serio problema de abastecimiento de agua y alimentación, ya que la pesca se ha suspendido y los cultivos cercanos a las riberas también están contaminados, pero no se conoce cómo están afrontando la situación, toda vez que la pandemia y las consecuentes restricciones de movilidad no han permitido visitar las comunidades para determinar su estado actual. La mayor parte de las comunidades están abandonadas”.

A partir del 20 de abril, tanto REPAM Ecuador como la FDA están trabajando con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana -la principal organización indígena nacional- y están visitando comunidades para apoyar a las familias y proporcionar máscaras y materiales ilustrativos para prevenir la transmisión del coronavirus.

 

22 abril 2020, 12:26