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P. Rutilio Grande. Su asesinato no ha sido investigado P. Rutilio Grande. Su asesinato no ha sido investigado 

Arz. San Salvador denuncia ley que cubre crímenes contra humanidad

La Iglesia católica de El Salvador denunció el domingo la Ley de Reconciliación Nacional debatida en la Asamblea Legislativa, afirmando que dejaría en la impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil salvadoreña (1980-1992). La Iglesia se opone a una posible amnistía y se solidariza con las víctimas que esperan justicia

Ciudad del Vaticano

Ley injusta

"Estamos muy preocupados porque quieren aprobar rápidamente una ley de reconciliación que sería -en la práctica- otra ley de amnistía injusta, una ley espuria y totalmente ilegítima que busca proteger a los perpetradores", dijo el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en una conferencia de prensa.

También Mons. Escobar Alas denunció que la comisión que estudia el proyecto de ley está integrada por personas que tuvieron participación directa en el conflicto armado.

No a la corrupción

"Es triste que, después de tantos años, haya esperado hasta 2016 para derogar una ley que tenía su base en la corrupción. ¡Ninguna ley debe cubrir los crímenes contra la humanidad! Hay que tener justicia, por respeto a las víctimas, de lo contrario es una herida que no se cura. Han pasado dos años desde que se intentó hacer una ley, pero hacer algo así sería una burla para todos, especialmente para el pueblo de El Salvador", concluyó Monseñor.

Profunda preocupación por las víctimas    

La Asamblea Legislativa debe preparar una nueva ley de reconciliación nacional antes de julio para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado "profunda preocupación" por el proyecto de ley que, según el coordinador de la comisión, Miguel Montenegro, intenta aprobar una amnistía que apoye los intereses de las áreas de política en la "protección de los perpetradores" tanto militares como ex guerrilleros.

El conflicto armado, entre 1980 y 1992, causó la muerte de más de 75.000 personas y 10.000 desaparecidos. Los responsables deben ser procesados y la ley no debe ser consensual, las víctimas deben ser escuchadas, reiteró la CIDH.

Por su parte la Universidad Centroamericana (UCA) en un editorial  del pasado lunes afirma: “Que los diputados no abran un debate serio sobre una ley de justicia transicional, que ignoren los llamados de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Relator Especial para la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición es un claro desprecio a las víctimas de la guerra, un menosprecio evidente a la ciudadanía y una burla patente a la autoridad moral de la ONU y a las normas democráticas básicas”.

El recinto académico insiste: “Resulta además sintomático del afán de encubrimiento y de la búsqueda de impunidad, el hecho de que en el documento preparatorio de la ley se diga que solo se podrá juzgar a quienes participaron directamente en los crímenes, abriendo así la posibilidad de dejar fuera a los autores intelectuales. Esto como si los disparos de los soldados de base contra sus propios hermanos y hermanas salvadoreñas no fueron ocasionados por las órdenes de los coroneles y generales al mando”. Al igual que el Arzobispo, la UCA subrayó  que esta ley es “Una ley trabajada por personas implicadas, directa o indirectamente, en graves violaciones a derechos humanos, haciendo caso omiso de la voz de las víctimas”.

22 mayo 2019, 12:12